El acceso a la vivienda, convertido históricamente en símbolo de estabilidad y ascenso social, se ha transformado en una barrera estructural que profundiza la brecha económica entre clases sociales, según constata el Banco de España en sus recientes Cuentas Distributivas de la Riqueza de los Hogares, que revelan una tendencia preocupante: mientras el 50% más pobre ha visto desplomarse su participación en la riqueza inmobiliaria del 18% al 12,5% desde 2014, el 10% más rico ha incrementado la suya del 37,4% al 41,8%, un movimiento que desmiente la aparente estabilidad de la riqueza neta al mostrar cómo su composición favorece al capital acumulativo, no al trabajo vulnerable, y aunque la deuda hipotecaria entre los hogares más modestos ha caído, pasando del 53% al 33,8% del total, no se trata de un alivio económico sino de una expulsión del mercado, una evidencia de exclusión disfrazada de prudencia financiera que se refleja además en la concentración de su patrimonio en depósitos o primeras residencias, frente a la diversificación estratégica de los hogares más acaudalados, quienes sí acceden a instrumentos como acciones, fondos o empresas, lo cual multiplica el rendimiento de sus activos y perpetúa el ciclo de acumulación desigual, siendo este fenómeno especialmente severo en zonas tensionadas, donde los precios continúan desbocados pese a que el regulador descarta una burbuja, lo que evidencia una normalización de la escasez estructural como modelo de negocio, y de ahí que las políticas públicas deban asumir no solo la urgencia de construir vivienda asequible, sino de intervenir de manera decidida en el diseño del acceso a la propiedad como un derecho y no como un privilegio heredable, porque en este contexto, más que una crisis coyuntural, la vivienda actúa como arquitectura del privilegio, consolidando una economía del techo donde quien no tiene ladrillo, tampoco tiene futuro.
