Con un enfoque transversal y transformador, el Plan de Derechos Culturales presentado por el Ministerio de Cultura español bajo la dirección de Ernest Urtasun redefine el acceso a la cultura como un derecho fundamental, superando barreras de renta, género, territorio o situación social mediante 146 medidas y una inversión inicial de 79 millones de euros, de los cuales 66 millones se destinan a ayudas y subvenciones, muchas orientadas al impacto social, como descuentos en museos para familias monoparentales, cultura en itinerarios penitenciarios o cine en pueblos sin salas; la arquitecta del plan, Jazmín Beirak, subraya su doble vertiente: eliminar condicionamientos estructurales y aprovechar la cultura como motor para afrontar retos globales como la democracia, la paz o la igualdad de género, impulsando también la educación artística mediante proyectos escolares como Cine Escuela y el fortalecimiento del tejido profesional mediante mejoras legislativas como el Estatuto del Artista y un futuro código de buenas prácticas contra la censura; en paralelo, se reconoce la diversidad étnica, lingüística y territorial, integrando lenguas como el caló o el romaní y reformulando discursos museísticos, al tiempo que se apoya con cuatro millones la cultura rural; este plan, participativo y respaldado por comunidades como Canarias o Catalunya, se lanza justo antes de Mondiacult, el encuentro internacional de ministros de Cultura en Barcelona, posicionando a España entre los países que lideran la incorporación de la cultura como objetivo prioritario de desarrollo humano en la agenda global, ofreciendo así una hoja de ruta a largo plazo en un ámbito históricamente olvidado por las políticas públicas.
